En un momento simbólico y significativo, la justicia de Santa Lucía ha declarado inconstitucionales las leyes coloniales que criminalizaban las relaciones homosexuales consensuales. Este hito no sólo representa una victoria legal, sino también un impulso necesario a la dignidad y los derechos humanos en la región del Caribe.
La semana pasada, la Eastern Caribbean Supreme Court (Corte Suprema del Caribe Oriental) falló a favor de declarar ilegítimas las leyes que penalizaban el sexo entre personas del mismo género con hasta 10 años de prisión. Aunque esas leyes rara vez se aplicaban, su sola existencia respaldaba la discriminación sistémica y mantenía un clima de estigmatización.
Activistas y las personas demandantes describieron el fallo como algo “profundamente personal”. Si bien celebran el avance, también llaman a mantener la mirada crítica: la eliminación legal no elimina automáticamente los prejuicios sociales, el acoso ni la violencia que aún vive la comunidad, advirtieron
Verónica Cenac, abogada implicada en el caso, subrayó que estas leyes eran una imposición ajena a la identidad caribeña, heredera de la cultura colonial, y que su derogación rescata la inserción legal de la diversidad sexual en el tejido de la región.
Además, la Human Dignity Trust señaló que sólo quedan cinco jurisdicciones en el hemisferio occidental que aún criminalizan relaciones entre personas del mismo sexo. El fallo de Santa Lucía suma así un precedente legal importante y alentador para otras luchas regionales
Este fallo es, sin dudas, una luz de esperanza. Pero como recuerdan las voces activistas, el cambio legal es apenas una parte de la lucha. Queda mucho por hacer en materia de educación, visibilidad, cultura y protección efectiva frente a la violencia y discriminación.
Por eso, el llamado es claro: resguardar este derecho, fortalecer las políticas de prevención de crímenes de odio y generar espacios seguros que permitan a las personas LGBTQ+ vivir con libertad y respeto.