Tribunal de Dominica Despenaliza las Relaciones Homosexuales: Un Hito para el Caribe

El Tribunal Superior de Dominica ha marcado un momento histórico al despenalizar las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Esta sentencia, emitida el 22 de abril, convierte a Dominica en el cuarto país del Caribe Oriental en derogar disposiciones legales discriminatorias y reconocer la legalidad de las relaciones homosexuales, siguiendo los pasos de Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, y Barbados.

Anteriormente, la Ley de Delitos Sexuales de Dominica imponía penas de hasta 10 años de prisión por “sodomía” y hasta cinco años por “indecencia grave”, disposiciones que se entendían como criminalización de conductas sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y que tenían sus raíces en la legislación colonial británica.

Aunque estas leyes rara vez se aplicaban, su mera existencia legitimaba los prejuicios y la hostilidad hacia las personas LGBT en la región. Esta sentencia del tribunal, basada en la jurisprudencia internacional sobre despenalización, ha declarado que estas disposiciones violaban la Constitución de Dominica, especialmente en lo que respecta al derecho a la libertad, la libertad de expresión y la protección de la intimidad personal.

La decisión del tribunal es el resultado de los esfuerzos de grupos de la sociedad civil locales y regionales, incluida la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad, que han abogado por la eliminación de leyes discriminatorias contra las personas LGBT en la región.

Aunque este paso es significativo, todavía hay países en el Caribe, como Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, que mantienen leyes similares, lo que los convierte en casos atípicos en el hemisferio occidental.

La despenalización de las conductas homosexuales no solo es un paso hacia la igualdad y la protección de los derechos humanos, sino que también refuerza el Estado de derecho para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Esta sentencia debe servir como un recordatorio para los gobiernos de la región y más allá sobre la importancia de defender las libertades individuales para construir sociedades más inclusivas y justas.